Un total de 12,8 por ciento de la cartera de préstamos bancarios destinada a las familias argentinas se encuentra en situación de mora, de acuerdo con los registros difundidos por el Banco Central de la República Argentina correspondientes a junio. En términos absolutos, el dato equivale a poco más de uno de cada ocho pesos otorgados a personas humanas bajo alguna línea de crédito dentro del sistema financiero. La cifra resulta más del doble del índice de mora general del sistema, que se ubicó en 7,6 por ciento en el mismo período, configurando un desfasaje que se sostiene en el tiempo y que mantiene a la cartera de hogares como el segmento más crítico del crédito bancario local.

Comparado con la campaña previa, el promedio general mostró una mejora marginal: pasó de 7,7 por ciento en mayo a 7,6 por ciento en junio, lo que significó el primer retroceso luego de diecinueve meses consecutivos de subas. Sin embargo, esa desaceleración no se trasladó a la cartera de familias, cuya irregularidad permaneció en niveles históricamente elevados. Mientras el indicador agregado cedió apenas una décima, la mora de hogares se mantuvo prácticamente sin variaciones respecto del cierre anterior, confirmando que la recuperación del sistema no está siendo homogénea entre sectores.

La brecha entre tasas corporativas y tasas personales

El comportamiento dispar de las tasas de interés explica buena parte de la diferencia. En el segmento corporativo, el costo del crédito se redujo a aproximadamente una quinta parte del nivel alcanzado en el pico de incertidumbre de 2025, en línea con la baja de la tasa de política monetaria y la estabilización macrofinanciera. En cambio, los préstamos personales a personas humanas continúan cobrándose a un nivel cercano a las tres cuartas partes de aquel máximo, lo que refleja una transmisión mucho más lenta hacia el crédito al consumo. Traducido: aunque las condiciones macro mejoraron para las empresas, los hogares siguen pagando un crédito casi tan caro como en el peor momento del ciclo.

A esa dinámica se suma el peso de la carga tributaria sobre el crédito. Datos oficiales del Banco Central indican que los impuestos y tasas de origen provincial, municipal y nacional, incluido el IVA, llegan a representar el 25 por ciento del costo financiero total promedio de un préstamo. Esa participación convierte al componente fiscal en un factor determinante del precio final del crédito al consumo y, en consecuencia, en un obstáculo adicional para que los deudores morosos puedan regularizar su situación sin sacrificar una proporción significativa de sus ingresos mensuales.

Frente a este escenario, las entidades bancarias aceleraron la instrumentación de refinanciaciones como principal herramienta de normalización de cartera. La operatoria, según se informó desde el Banco Central, consiste en extender los plazos originales y, en determinados casos, ofrecer condiciones de tasa más favorables para permitir que los deudores vuelvan a encuadrar sus compromisos dentro de los pagos mensuales. Desde la autoridad monetaria se descartó, en el mismo plano, la implementación de asistencia externa al sistema como así también eventuales modificaciones en las reglas de clasificación de deudores, lo que ubica a la refinanciación como el canal elegido por las entidades para reducir los indicadores de irregularidad sin alterar los criterios prudenciales vigentes.