Cuatro años y medio de prisión para un enfermero rosarino que vendía fármacos hospitalarios por redes sociales
Luis Benavídez, que se desempeñaba en el Policlínico PAMI II de Rosario, acordó una condena con la fiscalía federal y quedó inhabilitado para ejercer la profesión. La pesquisa se originó a partir de la denuncia del padre de un comprador que apareció sin vida en su departamento.

La Justicia federal de Rosario condenó a Luis Benavídez, enfermero del Policlínico PAMI II, a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, más una inhabilitación por el mismo período para ejercer la enfermería y ocupar cargos públicos. El acuerdo de juicio abreviado fue homologado por el juez federal de garantías Carlos Vera Barros, en una audiencia que se llevó a cabo el 4 de septiembre, según consta en el expediente.
Cuatro cargos en una misma condena
- Comercio de estupefacientes, por la venta de fentanilo.
- Comercialización de sustancias medicinales peligrosas con ocultamiento de su carácter nocivo, a raíz de la oferta de bromuro de vecuronio.
- Hurto, por la sustracción de los medicamentos del establecimiento sanitario.
- Tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, a partir de una pistola secuestrada en uno de los allanamientos.
Benavídez se desempeñaba en el Policlínico PAMI II desde 2014 y, según la acusación, retiraba medicamentos de uso hospitalario para venderlos luego por redes sociales con destino a consumo recreativo. El hombre admitió los hechos, reconoció su intervención, consintió la prueba reunida por la fiscalía, la calificación legal y la pena acordada con su defensa.
La investigación se abrió a partir de la denuncia presentada por el padre de un hombre de 37 años, hallado sin vida en su departamento el 9 de agosto de 2023. El familiar aportó a la Unidad Fiscal Rosario el teléfono de la víctima y documentación en la que señalaba que su hijo adquiría fentanilo y otras sustancias a un enfermero. Los mensajes y audios almacenados en ese celular fueron la base con la que la fiscalía reconstruyó la operatoria de comercialización.
La causa por la muerte había sido archivada en el fuero provincial. La autopsia no permitió determinar la causa de fallecimiento y el laboratorio interviniente no contaba con las técnicas requeridas para confirmar la presencia de vecuronio. Aunque no se descartó un origen toxicológico, el resultado no posibilitó atribuir el deceso a una sustancia puntual.
Con los elementos obtenidos del teléfono y la prueba reunida en los procedimientos, el Ministerio Público Fiscal encuadró la maniobra como una venta sostenida de medicamentos de uso hospitalario. Benavídez quedó detenido y, según se desprende del expediente, el expediente se encuentra en etapa de cumplimiento de la pena acordada, sin que se hayan informado nuevas audiencias fijadas en lo inmediato.
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