Detienen a exdirectivos del Puerto de Rosario por una causa que une lavado de dinero y narcotráfico

El Juzgado Federal N.° 3 de Rosario, a pedido de cinco fiscales federales, ordenó esta semana la detención de exdirectivos de Terminal Puerto Rosario (TPR) en una causa que investiga lavado de dinero y narcotráfico. La maniobra se extendió, según la acusación, durante casi dieciséis años y articuló fondos de la corrupción política catalana con ganancias del tráfico de cocaína en Rosario.

La pieza central del expediente es el contador Gustavo Pedro Shanahan, de 67 años, ex presidente de TPR. En 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 2 de Rosario lo condenó a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. En una financiera ubicada en calle España al 889, una de las cuevas de cambio más grandes de la ciudad, Shanahan proveyó dólares para la compra de cocaína. Un allanamiento de octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas.

El nexo con Cataluña

La pesquisa suma un segundo componente. Entre 2004 y 2005 ingresaron a la terminal unos 1.850.000 euros desde una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol. Ese capital se canalizó a una sociedad local que lo utilizó para financiar el crecimiento de la concesionaria del puerto. En 2021, la justicia española confirmó un fallo que declaró ilícito de el origen del patrimonio de la familia Pujol, construido durante décadas con comisiones y sobornos ligados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña.

• Paso 1: el dinero de origen ilícito ingresaba a TPR disfrazado de inversión societaria.
• Paso 2: entre 2010 y 2012 el paquete accionario se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador; el activo se transformaba en “precio de venta”.
• Paso 3: parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda simulado, que le transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.

Maniobra final con cheques y efectivo

Para el tramo final del esquema, los fiscales identificaron al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas. En esas operaciones se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el único fin de darle apariencia legal al dinero. El pedido de embargo alcanza los 100 millones de dólares.

La causa sigue su curso en el Juzgado Federal N.° 3, con los imputados ya detenidos y a la espera de la audiencia de imputación, cuya fecha no fue difundida en el material disponible.