La Justicia de Pilar dictó prisión preventiva para los dueños de una concesionaria acusados de estafa y asociación ilícita

La jueza de Garantías de Pilar Andrea Rodríguez Mentasty dictó la prisión preventiva de Carlos Alberto González, de 43 años, y Cynthia Chamoles, de 44, titulares de la concesionaria Autos Pilar Premium. La medida fue solicitada por el fiscal Andrés Quintana, a cargo de la investigación que los sindica como jefes de una asociación ilícita.

Según consta en el expediente, los imputados enfrentan cargos por asociación ilícita en calidad de jefes, en concurso real con estafa, defraudación por retención indebida y defraudación por administración infiel. La causa reúne una multiplicidad de hechos y de damnificados, con perjuicio económico de consideración.

Los argumentos de la magistrada

Rodríguez Mentasty fundamentó su resolución en la existencia de dos riesgos procesales. En primer término, el de fuga: la jueza valoró la multiplicidad de hechos, el número de víctimas, los grandes perjuicios ocasionados y la logística empleada por los imputados, factores que permiten presumir el intento de eludir la acción judicial ante una eventual condena de efectivo cumplimiento.

En lo que respecta al entorpecimiento de la investigación, la magistrada ponderó la magnitud del perjuicio económico, la disponibilidad de recursos y logística para ocultar activos y la posibilidad de manipular documentación relevante. En su resolución, concluyó que la prisión preventiva se presenta como el único medio idóneo para asegurar de manera efectiva los fines del proceso.

“La medida cautelar de la prisión preventiva se presenta como el único medio idóneo para asegurar de manera efectiva los fines del proceso.”Jueza Andrea Rodríguez Mentasty

El esquema bajo investigación

• Recepción de pagos totales en dólares por vehículos que nunca fueron entregados a los compradores.
• Toma de automóviles en consignación para su venta, operación que se concretaba pero cuyo producido no se transfería a los dueños originales.
• Manipulación de documentación y desvío de fondos correspondientes a unidades entregadas en consignación.

Entre los damnificados identificados en el expediente se encuentra una persona que entregó una camioneta Ford Ranger Raptor para su venta en consignación sin firmar el formulario de transferencia de dominio. Los imputados comercializaron el vehículo y se apropiaron de lo obtenido, sin rendir cuentas al legítimo propietario.

Otro caso relevado por la fiscalía involucra a un damnificado que transfirió 29.000 dólares por un automóvil que tampoco recibió. Un tercer damnificado entregó un Ford Mustang 2022 para exhibición en el salón de ventas, con la expectativa de recuperarlo o recibir un vehículo de valor equivalente; el rodado tampoco fue restituido. La investigación se encuentra en etapa de instrucción y la próxima audiencia fue fijada por el juzgado interviniente.