Mendoza abre una mesa gratuita para que los sobreendeudados reacomoden sus cuotas con bancos y mutuales

El Gobierno de Mendoza puso en marcha un mecanismo gratuito de conciliación para que los consumidores con domicilio en la provincia puedan renegociar deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales y otros financiamientos al consumo. La herramienta quedó habilitada en la órbita de Defensa del Consumidor y se activa cuando los compromisos financieros de un hogar empiezan a poner en riesgo la economía doméstica.

El procedimiento se habilita a partir de la presentación voluntaria del deudor ante la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), donde se cita a los acreedores para discutir nuevas condiciones de pago. No se trata de una quita automática ni de una condonación dispuesta por el Estado: cualquier modificación de montos, intereses o plazos depende de un acuerdo entre las partes. El piso de referencia para acceder al sistema es que los pagos pendientes superen el 30% de los ingresos mensuales netos del grupo familiar conviviente.

Quiénes pueden usarlo y qué deudas entran

• Consumidores finales con domicilio real acreditado en la provincia de Mendoza.
• Personas o familias en situación grave o inminente de insolvencia personal, con compromisos financieros por encima del 30% del ingreso neto del hogar (o del 25% en casos de vulnerabilidad social).
• Hogares con menores a cargo, personas con discapacidad, jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, desempleados, beneficiarios de planes sociales y trabajadores informales, entre otros supuestos contemplados.
• Deudas de préstamos personales, financiamiento de compras en cuotas, líneas de plataformas financieras autorizadas, mutuales y cooperativas, y tarjetas de crédito.
• Tope de capital adeudado: hasta 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de la solicitud.

Quedan expresamente excluidas las obligaciones con garantía hipotecaria, las deudas alimentarias, las multas y sanciones de origen penal, y los pasivos empresariales o comerciales ajenos al consumo familiar. Es decir, el canal apunta exclusivamente a la deuda de las familias y no a la problemática de empresas, comerciantes o deudores alimentarios.

Cómo es el camino hasta la audiencia con los acreedores

El trámite arranca con la presentación del deudor ante la OCDC, que debe aportar el listado de acreedores, los montos adeudados y un detalle actualizado de activos y pasivos. Defensa del Consumidor notifica a las entidades acreedoras, que cuentan con hasta diez días hábiles para informar su posición respecto de la propuesta de reestructuración.

Entre las herramientas concretas que pueden discutirse en la audiencia aparecen la extensión de los plazos de pago, períodos de gracia, la quita o eliminación de cargos por mora e intereses punitorios, y la readecuación de los esquemas de cuotas. Traducido: la instancia funciona como una mediación regulada en la que el consumidor puede plantear un plan de pagos más realista y los acreedores evalúan si lo convalida.

El procedimiento es voluntario para las dos partes: la Provincia no tiene competencias para imponer rebajas de capital ni fijar unilateralmente nuevos cronogramas. Si el acreedor no acepta la propuesta, el consumidor queda habilitado para recurrir a las instancias judiciales o administrativas que considere pertinentes para defender su situación.

Comparado con lo que ocurre en otras jurisdicciones del país, donde los mecanismos de negociación suelen estar dispersos entre bancos, oficinas municipales y Defensorías del Pueblo, Mendoza concentró la operatoria en un solo organismo dependiente de la cartera de Defensa del Consumidor. La decisión apunta a darle previsibilidad al deudor y un canal único para tratar a la vez tarjetas, préstamos personales y créditos otorgados por mutuales y cooperativas.

La Provincia se rúbrica como facilitadora y no como garante del arreglo: acerca a las partes, fija reglas de juego y plazos, pero el resultado final depende de cuánto esté dispuesto a conceder cada acreedor en la audiencia de conciliación. Para los hogares que ya destinan más de un tercio de sus ingresos al pago de tarjetas y préstamos, el nuevo procedimiento representa al menos una mesa formal donde discutir condiciones antes de entrar en una espiral de intereses punitorios y embargos.