Trasladan de a poco a los presos de Devoto hacia el flamante penal de Marcos Paz

A casi una semana de iniciada, la mudanza masiva de detenidos desde el penal de Villa Devoto hacia el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz se encuentra en su segunda jornada, bajo la coordinación de un Comando Unificado integrado por cinco fuerzas federales. El procedimiento arrancó el domingo y, según fuentes oficiales, prevé reubicar a los alrededor de 1.500 internos que quedaban alojados en la cárcel porteña. En la etapa inicial fueron derivados 326 detenidos.

Un edificio nuevo sobre 80 hectáreas

El establecimiento de Marcos Paz fue habilitado tras la firma del acta de recepción provisoria entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. La estructura, emplazada en un predio de 80 hectáreas, dispone de capacidad para 2.232 detenidos distribuidos en cuatro unidades de seguridad máxima.

El cronograma contempla cuatro etapas sucesivas. La primera, ya en marcha, consiste en los traslados efectivos; las siguientes prevén la obra complementaria, la entrega definitiva de la infraestructura y la adecuación de los servicios, según precisaron las autoridades a cargo del operativo.

“Hacer un balance en este momento resulta prematuro, ya que ni siquiera contamos con el listado oficial consolidado de las personas trasladadas.”Procuración Penitenciaria de la Nación

Observaciones del organismo de control

• Señaló que el operativo resultó intempestivo y denunció que la falta de información oficial dificultó la contención con las familias.
• Presentó un hábeas corpus en la Justicia, que convocó a una audiencia para analizar el procedimiento.
• Sus representantes ingresaron a Marcos Paz y verificaron, mediante llamadas de los detenidos a sus familiares, que no se registraron actos de violencia.
• Advirtió sobre el riesgo para la continuidad académica de los alumnos del Centro Universitario Devoto (CUD), una experiencia de cuarenta años de educación en contexto de encierro.

La Procuración Penitenciaria de la Nación, a cargo de María Laura Bremard, insistió en que derivar a los estudiantes en medio del cuatrimestre pone en juego el derecho a la educación. La postura fue acompañada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que cuestionó que el operativo no haya garantizado previamente la continuidad de los estudios universitarios de los internos.