Trasladaron al 60% de los presos de Devoto a Marcos Paz y crecen los reclamos por pertenencias y beneficios

El juez federal Santiago Bignone rechazó un habeas corpus presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación y avanzó el vaciamiento del Complejo Penitenciario Federal de Devoto, que ya tiene trasladado al 60% de su población al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 35, a cargo de Bignone, y la medida quedó firme tras el rechazo del recurso que buscaba garantías para los traslados.

El ritmo del operativo

Desde el viernes pasado el barrio porteño amaneció con vallas, controles de identidad y cortes de calle que afectan a los vecinos, que deben acreditarse para ingresar a sus domicilios. El operativo se ejecuta pabellón por pabellón y utiliza cápsulas conjuntas del Servicio Penitenciario Federal, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de la Ciudad.

Al martes ya habían salido 1.050 internos sobre una población total cercana a los 1.500 detenidos, según datos del Servicio Penitenciario Federal. La cifra representa casi el 60% de la matrícula original de la Unidad 1.

Quiénes están en Devoto

• El 61,5% de los internos está procesado y el 38,5% condenado, según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) con corte a diciembre de 2024.
• Las edades oscilan entre 21 y 70 años, con un promedio de 35.
• La población incluye procesados y penados con distintos regímenes, incluidos sectores semiabiertos.

La logística oficial y los reclamos

El operativo contempló 3.000 bolsones precintados para efectos personales, monitoreo satelital de los vehículos, triaje médico previo al traslado, identificación de los internos con pulseras con código QR, instalación de 224 teléfonos públicos y apertura de un canal de consultas por WhatsApp, según información oficial del SPF.

A la par de esos anuncios, internos y sus defensores reportaron que los bolsones con pertenencias no llegaron a los traslados en el nuevo establecimiento, incluso 48 horas después del cambio de alojamiento. Los reclamos se concentran en la falta de ropa de abrigo, elementos de higiene y medicamentos. Al menos el sector AC1 organizaba una huelga de hambre para exigir la entrega de los efectos personales.

La defensora Patricia Croitoru, abogada de Eduardo Vásquez, uno de los internos trasladados el domingo, aseguró que su cliente «no tiene ni una foto ni una frazada» y confirmó que el SPF se comprometió a compensar las visitas con tiempo adicional una vez completado el operativo.

Beneficios suspendidos

Los internos que estaban en el pabellón externo 50, donde funcionaba un régimen semiabierto, vieron suspendidos esos beneficios en forma transitoria, sujetos a revisión una vez que concluya el operativo. La situación quedó pendiente de definición en el juzgado de Bignone.

La próxima audiencia del habeas corpus rechazado quedó sin fecha confirmada y la causa se mantiene en instrucción. La decisión quedó firme y el Gobierno nacional continúa con el plan de vaciamiento del penal.