Córdoba: demoras de hasta catorce meses para acceder a terapias, prótesis y medicamentos por discapacidad

Conseguir un turno para certificar una discapacidad, iniciar una rehabilitación o acceder a una prótesis puede demandar varios meses en la provincia de Córdoba. Un informe presentado por la Defensoría del Pueblo de Córdoba el 5 de octubre de 2026 reúne testimonios, entrevistas y grupos focales que describen demoras reiteradas en distintas instancias del circuito administrativo y asistencial.

El relevamiento, elaborado con metodologías cualitativas, no constituye una medición estadística de alcance universal, pero ofrece una descripción detallada de los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias. Las experiencias recogidas permiten dimensionar el problema y alertar sobre su efecto en la continuidad de los tratamientos.

El Certificado Único de Discapacidad, primer cuello de botella

En la Ciudad de Córdoba funcionan juntas evaluadoras del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en siete hospitales, de los cuales dos son pediátricos. Las entrevistas recogidas por el informe dan cuenta de esperas de dos a tres meses para obtener un turno, un período que se suma a las dificultades para conseguir interconsultas con los especialistas requeridos para la evaluación.

Esa demora inicial condiciona el acceso al resto del sistema, ya que buena parte de las prestaciones, coberturas y derechos asociados a la discapacidad se activan a partir de la obtención del certificado.

Terapias, prótesis y rehabilitación: plazos que se cuentan en meses

• Prótesis y medicamentos: esperas de cuatro a nueve meses, según los casos relevados.
• Centros de rehabilitación: ingresos demorados entre nueve y catorce meses.
• Pagos a prestadores: atrasos de varios meses y, en algunos casos, de hasta un año por parte de obras sociales y programas estatales.
• Transporte: incrementos de nafta súper del 559 por ciento y del valor reconocido por kilómetro del 231 por ciento entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, una brecha que el informe vincula con la sostenibilidad de los servicios.

Voz del organismo

“Los plazos que describimos corresponden a lo expuesto en el documento y no permiten anticipar cuánto demorará cada trámite particular.”Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto

Gastos de bolsillo y sobrecarga de cuidados en los hogares

Mientras esperan respuestas del sistema, numerosas familias financian por cuenta propia sesiones de terapia, traslados y apoyos escolares. Una de las madres entrevistadas en el informe refirió desembolsos mensuales de entre 150.000 y 180.000 pesos en sesiones, tras alrededor de dos años de atención particular. El documento también describe una mayor carga de cuidados sobre las mujeres, con testimonios de madres que redujeron su jornada laboral y, en consecuencia, sus ingresos.

Aranceles e inflación: una brecha que ajusta a los prestadores

Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional aumentaron un promedio del 225 por ciento, mientras que la inflación acumulada en ese período fue del 336 por ciento, según los datos que cita el informe. Esa diferencia, sumada a los atrasos en los pagos, configura un escenario que el documento asocia con recortes de gastos de funcionamiento por parte de las instituciones prestadoras.

La Defensoría sostiene que el cuadro descrito combina retrasos administrativos, financiamiento insuficiente y sobrecarga económica en los hogares, con consecuencias directas sobre la continuidad de los tratamientos. En los próximos siete días no se esperan anuncios oficiales con plazos concretos para revertir las demoras relevadas, por lo que la atención seguirá concentrada en cómo se ejecutan los pagos pendientes y en la actualización de los aranceles, dos variables que el informe señala como determinantes para sostener las prestaciones.